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Los funcionarios cuestan 6.000 euros a cada familia


Los gastos de personal siguen amenazando la estabilidad presupuestaria. Pero los que más sufren son los contribuyentes: la factura de los funcionarios ya supera los 6.000 euros por hogar y año.

Según los expertos, la culpa es del desorbitado crecimiento de CCAA y consistorios, y del despilfarro del Estado. La factura, en concreto, es de 6.056 euros, resultado de sumar 1.938 euros por los funcionarios de la Administración General del Estado, otros 3.075 por los de las autonomías y 1.043 más correspondientes a los de los ayuntamientos.

– Administración Central. La descentralización hacia las autonomías no evita que gran parte de la culpa del elevado coste sea del Ejecutivo que depende directamente de Zapatero, como muestra ese desembolso que roza los 2.000 euros. La Administración central paga ahora casi el doble que hace 10 años en sostener a un único empleado público: si en 1998 el Estado abonaba 29.277,5 euros de media al año por cada uno de los trabajadores de los Ministerios y de los Organismos Autónomos, ahora tiene que gastarse 59.659,55 euros anuales.

Esto tiene un efecto directo sobre los contribuyentes. Cada persona activa -tanto trabajador como parado- se gasta, de media, más de 1.437,7 euros al año por recibir el servicio de la Administración.

– Autonomías. Según los últimos datos recopilados por EXPANSIÓN de cada uno de los presupuestos regionales, las familias pagan esos cerca de 3.000 euros al año para sustentar a los empleados de las CCAA. Las regiones cuentan ya con 1,3 millones de personas al servicio de los gobiernos autonómicos, un 28,97% más que hace 10 años.

Los políticos de todas las formaciones insisten en que esto se explica por el traspaso de competencias de la Administración central a las regiones. Sin embargo, el catedrático Miguel González opina en el último Cuaderno de Información Económica de Funcas que “este argumento no es válido para explicar en su totalidad el fortísimo avance del empleo público autonómico”.

Hay que señalar, sin embargo, que la dimensión de la función pública no es la misma en todas las regiones. En total, Extremadura, con 243 empleados públicos por cada 1.000 ocupados, se lleva la palma. Le sigue Castilla-La Mancha, con 174,52 funcionarios por mil empleados, y Canarias, con 170 por 1.000. Las que cuentan con una menor proporción son Cataluña y Baleares.

El profesor González es tajante: el crecimiento del tamaño de la Administración autonómica se explica por “decisiones discrecionales que se han sustanciado en la oferta de nuevos servicios y en la ampliación de los ya asumidos”.

El gasto de personal del Estado sigue creciendo a pesar del recorte de personal de la última década

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– Ayuntamientos. El despilfarro también se ha instalado en los municipios: los trabajadores de los consistorios cuestan 1.043 euros a cada familia. Un dato especialmente significativo es que los gastos de personal de los altos cargos de las entidades locales “para salarios y dietas de la alta dirección” ascendieron en el primer año de la crisis a 504 millones, un 16,8% más que en 2007 (ver EXPANSIÓN del pasado 22 de agosto de 2009). En este caso, González culpa a los entes locales de establecer retribuciones que “no están en consonancia con la capacidad y solvencia de las entidades locales”.

El déficit público pone en jaque al sector público
El disparatado incremento del déficit público, que en noviembre rozaba ya el 7% del PIB “70.000 millones”, ha puesto en la picota al sector público. Los expertos lo tienen claro: “El desequilibrio de las cuentas públicas, más pronto que tarde, exigirá un replanteamiento de la política seguida en el pasado tanto en lo relativo al empleo como a la remuneración de los asalariados públicos”.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, también comparte esta afirmación: “El coste salarial es importante en los presupuestos públicos y va a ser esencial hacer un esfuerzo en los próximos años”. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin tomar medidas efectivas, ya que la moderación salarial entre 2010 y 2012 tiene trampa: el Estado tendrá que devolver la diferencia en el primer trimestre de 2012.

Esta cláusula evitaría que la medida sea efectiva para reducir el agujero de las cuentas públicas al 3% del PIB de aquí a 2013, tal y como exige la Comisión Europea. Y es que el reto de los números rojos es acuciante. Según Funcas, el déficit del conjunto de las Administraciones superará el 12% del PIB durante 2009 y 2010. Mientras que los expertos siguen exigiendo un fuerte recorte del gasto público, Zapatero ha puesto en marcha la mayor subida fiscal de la historia reciente en 2010.

Fuente: expansión

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