06
Jun
10

¡Sálvese quien pueda!


Con esa marinera frase un banquero me describía hace unos días el sentimiento de los inversores ante la evolución de la economía española. El endeudamiento público y privado supera el 340% del PIB. Las perspectivas de recuperación de la actividad son inexistentes. La política económica es incapaz de generar confianza. La Eurozona está amenazada por una potencial crisis de deuda. En este entorno, el riesgo evidente es que el Reino de España sufra una brutal contracción de la liquidez en los próximos meses. Esto conduciría a una reestructuración de deuda, esto es, a una suspensión de pagos pactada con sus acreedores ante la imposibilidad de generar los ingresos y/o obtener los fondos precisos para cubrir sus necesidades de financiación. La materialización de esta conjetura cobra una extraordinaria virtualidad. En la actualidad, los mercados mayoristas están cerrados para los bancos y para las cajas españolas y las salidas de capital han comenzado a acelerarse. Esto significa que España encarará un problema de iliquidez con un impacto demoledor sobre la economía real y sobre la solvencia de las entidades de crédito.
En estos momentos, la única fuente de liquidez para la economía española es el Banco Central Europeo a través de los préstamos realizados por esta institución a las entidades financieras españolas y mediante la adquisición de deuda pública nacional. Esto ha permitido hasta el momento comprar tiempo pero no demasiado. La necesidad de financiar y de refinanciar la deuda pública y privada en el corto plazo es de tal magnitud que será muy difícil que el instituto emisor europeo sea capaz de cubrirla sin generar graves tensiones políticas, financieras y económicas en los demás Estados de la Eurozona. En 2010, España precisa 600.000 millones para atender a sus obligaciones. Si todo sigue igual, es utópico pensar que obtendrá el grueso de esos recursos en los mercados financieros aunque pague o esté dispuesta a pagar una prima de riesgo alta y es impensable que el BCE aporte fondos de esa magnitud sin desencadenar una oposición frontal de los restantes miembros de la UEM. Por añadidura, la presión sobre el BCE para que no monetice déficit y, en consecuencia, no cree inflación será muy fuerte y la liderarán Francia y Alemania.
La brusca disminución de la demanda de activos españoles por los inversores internacionales responde a una causa fundamental: comienza a pensarse que el deudor quizá no va a ser capaz de pagar el capital y los intereses. En este escenario imponen una prima de riesgo elevada para compensar la mayor posibilidad de impago. Esto a su vez empeora los balances del sector público porque el crecimiento de la economía es inferior al del tipo de interés, lo que impide estabilizar la ratio Deuda/PIB y, por tanto, restaurar la solvencia. Sin embargo llega un momento en el que la oferta de tasas de interés más altas no compensa el peligro de insolvencia y el país emisor no logra colocar sus títulos en el mercado. Esta situación empeora en función de dos elementos fundamentales: Primero, cuanto más corto sea el plazo de madurez de la deuda, mayor es la amenaza de bancarrota. Aquí y ahora, un 44% de la deuda pública española tiene vencimientos a corto, de menos de un año a tres años. El Reino de España no logra colocar sus emisiones con períodos de madurez superiores a ese período temporal. Si a ello se unen los 400.000 millones de deuda privada que hay que renovar a lo largo de 2010, el panorama resulta estremecedor. Segundo, la vulnerabilidad de un país a una crisis de deuda es proporcional al volumen de ésta en manos de inversores extranjeros; en España, esa ratio en relación al PIB es similar a la de Grecia…
La acentuación de la contracción de liquidez que experimentará la economía española en los meses venideros plantea un horizonte inquietante. Los bancos y las cajas no tendrán capacidad para refinanciar a sus grandes deudores. Muchos de ellos irán a la quiebra lo que empeorará las cuentas de resultados de las entidades y por tanto reducirá ya el escaso crédito disponible para las empresas y para las familias. Los deudores se verán forzados a realizar una venta acelerada y masiva de sus activos para hacer frente a sus obligaciones pero también las instituciones financieras para obtener liquidez. Esa dinámica de ajuste deprimirá el precio de los activos, dificultará la capacidad de pago de los deudores, disminuirá el consumo y la inversión privada, debilitará la economía de manera adicional y golpeará nuevamente los balances de las entidades crediticias… Esta espiral perversa de retroalimentación de la crisis acentuada por una contracción de la cantidad de dinero en circulación es la expresión típica de un proceso de «deuda-deflación» con consecuencias letales para la economía real y para el sistema financiero de cualquier país, en este caso, de España.
En el marco de análisis dibujado, la hipótesis de que España se vea obligada a reestructurar su deuda tiene muchas probabilidades de verificarse. A ello contribuye de manera directa la falta de credibilidad del Gobierno en los mercados, su incapacidad de aplicar una estrategia destinada a restaurar la solvencia de las finanzas públicas y de sentar las bases de un nuevo período de crecimiento. Al mismo tiempo, la crisis ha puesto de relieve que el modelo social, económico, institucional y de organización territorial del Estado complica de manera extraordinaria la gobernanza económica del país. La mezcla de debilidad gubernamental, fragilidad institucional, alto endeudamiento con la mayor recesión registrada por España desde la guerra civil hacen casi inevitable una crisis de deuda. En este contexto buscar en los especuladores la causa de los males patrios es ridículo; sencillamente, la gente no quiere perder su dinero prestándoselo a quien no la inspira confianza, elemental…

Fuente: ABC

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